La Ley 27.279 de presupuestos mínimos para el manejo de envases vacíos y la ley de biocidas de la Provincia del Chaco N°2026-R (antes 7032), un estudio comparativo

Abstract

Históricamente Argentina es conocida a nivel mundial por su gran capacidad comercial como país agroexportador de alimentos. El crecimiento de este modelo productivo es dependiente del uso de fitosanitarios, cuya utilización ha venido creciendo vertiginosamente en las últimas décadas. Como resalta (Magnasco y Di Paola, 2015), este incremento puede explicarse por dos motivos: la expansión de la frontera agropecuaria y un aumento muy significativo de la adopción de la siembra directa. Los productos fitosanitarios (plaguicidas) son conceptuados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como “...cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales.” El empleo de éstos constituye a su vez, uno de los mayores problemas socioambientales en las zonas agrícolas de nuestro país. Los efectos del uso inadecuado de los agroquímicos o el contacto con sus desechos puede producir en las personas graves problemas de salud. Las exposiciones masivas en períodos cortos de tiempo pueden ocasionar intoxicaciones agudas graves y hasta la muerte; mientras que las exposiciones de menor intensidad, pero prolongadas en el tiempo, pueden llegar a producir cáncer u otras afecciones también letales. Es por ello fundamental minimizar los riesgos de efectos nocivos e irreversibles sobre la salud del consumidor, del trabajador rural, su familia, la población rural que frecuentemente queda expuesta a las fumigaciones, y de la flora y fauna que comparte su hábitat con zonas de cultivos fumigados o se encuentra cercano a ellos.