La eficacia en las practicas legislativas de la regulación ambiental en materia de residuos sólidos urbanos : un análisis de la política regulatoria

Abstract

Esta comunicación tiene por finalidad profundizar en el análisis de uno de los objetivos específicos del plan de trabajo presentado para la Beca Doctoral UNNE – CONICET que me encuentro desarrollando. Cuyo objetivo específico es describir y documentar las practicas legislativas que llevaron al diseño de las normativas regulatorias ambientales en materia de gestión de residuos urbanos. Para el logro de este objetivo se realizó un primer análisis de las principales posturas teóricas que describen a las practicas legislativas y la política regulatoria en materia ambiental. Dicho análisis será expuesto en esta comunicación estableciendo su relación con la ley de gestión de residuos domiciliarios. El planteo inicial de la investigacion se basó de en la clasificación de políticas públicas expresada por Lowi, T. (1964) y principalmente se hizo hincapié en las políticas regulatorias. Según Canto Sáenz (2020) en las políticas regulatorias es central el concepto de coerción que implica la aplicación del poder de manera inmediata o mediata, dado que la aplicación de estas generara discusiones por los intereses afectados. Pero es neCésario tener en cuenta que las problemáticas ambientales tienen como característica que son problemas globales que requieren soluciones en el ámbito local (Freier, Mazzalay, & Rolando, 2020). En los últimos años el paradigma de la gobernanza publica ha adquirido gran relevancia en el rol del Estado y del sector público en la toma de decisiones dentro del conjunto social (Parrado, Löffler, & Bovaird, 2005). Para Parrado y otros (2005) el concepto de gobernanza se encuentra asociado al concepto de “buen gobierno” y lo define como el sistema en cual “todos los actores involucrados en la gestión de bienes colectivos contribuyen a la determinación de los objetivos, negocian los principios de relación entre ellos, los implantan posteriormente y evalúan los impactos ocasionados, así como las relaciones entre los actores”. En cambio, Canto Saenz (2020) plantea que el concepto de coerción de las políticas regulatorias se contrapone con los procesos de gobernanza o gobierno de actores, ya que considera que estos modelos podrían afectar el concepto de coerción de dichas políticas, dado que los modelos de gobernanza implican la participación de redes actores lo cuales pueden verse tentados por la toma de decisiones propias. Para el análisis se adoptó un enfoque cualItatívo y exploratorio, y una metodología de análisis de casos combinado con un método bibliográfico. En el caso específicamente en el caso de los residuos domiciliarios, Argentina solo recicla el 6% de los residuos que se producen (Ministerio de Ambiente de la Nación, 2019). En este punto es interesante destacar que en la región del NEA solo misiones cuenta con una disposición adecuada de los residuos (Ministerio de Ambiente de la Nación, 2016). En el caso de residuos domiciliarios la ley delega la responsabilidad en la jurisdicción local, pero sin establecer sanciones claras ni plazos de cumplimientos, ya que estos últimos fueron objetados. Y en este sentido tal y como afirma Freier y otros (2020) cuando analizan las políticas energéticas en la Argentina, resultar difícil generar una política pública efectiva y eficaz si algunas provincias realizan acciones y otras no. la ley 25.916 de residuos domiciliarios establece en su artículo 6 la responsabilidad de la gestión de los mismo en los gobiernos locales. La presente ley establecía un plazo de 10 desde su entrada en vigor para el logro de la disposición final de residuos de manera adecuada en cada jurisdicción. y expresaba También expresaba que “Transcurrido ese plazo, queda prohibida en todo el territorio nacional la disposición final de residuos domiciliarios que no cumpla con dichas disposiciones” (Argentina, 2004). Y el artículo 11 de la misma ley establecía un plazo de 15 años para la adecuación a todos lo dispuesto por la misma. Ambos artículos fueron derogados dado que los gobiernos locales alegaban la imposibilidad de su cumplimiento. Actualmente han pasado 17 años desde la sanción de la ley ya que la misma fue sancionada en el año 2004. En el capítulo VII la ley establece una serie de sanciones y multas que tienen carácter de sanciones individuales o aplicables a personas jurídicas, pero no son sanciones claras para el incumplimiento de jurisdicciones locales. En el caso de la ley nacional de gestión de residuos domiciliarios se puede observar tal y como lo expresa Canto Saez (2020)que, para el cumplimiento efectivo de las políticas regulatorias, es central la aplicación de la coerción, lo cual no es claro en esta ley. Y tal y como plantean los autores (Fuhr et al., 2018 y Freier et al., 2020) la construcción de la política ambiental requiere coordinación entre las distintas jurisdicciones, es decir una gobernanza multinivel tanto vertical como horizontal.