El control judicial como expresión de buena administración

Abstract

La buena Administración pública es un derecho fundamental de los ciudadanos, y un principio de actuación administrativa. Las personas tienen derecho a exigir determinados estándares en la actividad de la Administración, y ésta está obligada a distinguirse en su acción por su servicio al interés general. El principio de juridicidad se proyecta sobre el que hacer de las Administraciones, de modo que su quehacer se somete plenamente a la Ley y al Derecho. Es decir, una buena administración es susceptible de control independiente por los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.