Algunas reflexiones de las formas directas y semidirectas del ejercicio de la democracia en el derecho constitucional argentino, público provincial y municipal en particular

Abstract

Sabido es, que en la democracia representativa quienes gobiernan son elegidos por el pueblo, por medio del sufragio universal y secreto, en tiempos determinados por las Constituciones. En los gobiernos democráticos el pueblo elige representantes políticos, quienes deben asumir la responsabilidad de decidir teniendo en cuenta el interés general de los electores y la posibilidad de que los temas de interés ciudadano, en general puedan ser incorporados a la agenda política nacional. Actualmente, la participación ciudadana no se ciñe a lo estrictamente electoral, para lo cual se han implementado mecanismos de participación que involucran a los ciudadanos en la responsabilidad en la toma de decisiones. Al respecto, Carlos Fayt expuso “En la estructura del gobierno de la sociedad de cuadros, el sufragio se reducía al derecho a ser bien gobernado. En la estructura de gobierno de la sociedad de masas adquiere una dimensión nueva y se convierte en el derecho a gobernar y ser bien gobernado. El advenimiento de la democracia social ofrece una perspectiva no prevista por el constitucionalismo clásico que obligará a reconocer a toda persona, legalmente capacitada, el derecho a tomar parte directamente en el gobierno de su país, mediante el referéndum o cualquier otro medio de consulta o participación popular. Es decir, no sólo el derecho a intervenir en la elección de sus representantes, sino a participar en la actividad gubernativa”, (Fayt 1963) En cuanto a la participación ciudadana, según lo expuesto por Rafael del Aguila en "La participación política como generadora de educación cívica y gobernabilidad, históricamente existen dos líneas de pensamientos antagónicas, por una parte la liberal antiparticipativa tendiente a dividir la sociedad y, por otra, la democrático participativa como el medio para la toma de conciencia social sobre la necesidad de ejercer control, de manera democrática y colectiva, sobre decisiones y actividades relevantes para la ciudadanía.” Tanto en la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales y en el ámbito Municipal, se establecen los institutos necesarios para la aplicación del derecho participativo, otorgando los mecanismos necesarios para una mayor participación ciudadana en estrecho vínculo con sus representantes. Pero, ¿es suficiente? En base a la actual doctrina, se busca construir un marco conceptual para futuras investigaciones.