La criminalización de la protesta como estrategia de gobierno (Chaco, 2007-2008)

Abstract

En el presente trabajo intentaremos reconstruir la estrategia de regulación de la conflictividad social en el Chaco durante el primer año del gobierno provincial de Jorge Capitanich (FPV-PJ), a partir del análisis de las formas concretas que adoptó la criminalización de la protesta. Entendemos la criminalización de la protesta como un proceso multifacético (político, mediático y jurídico) que etiquetando a los actos de protesta como delitos, busca sacar a un conflicto social de la arena política para llevarlo al campo penal (Toledo Llancaqueo, 2007). Su objetivo es activar el poder punitivo del Estado para neutralizar el conflicto, concebido éste como un hecho delictivo antes que una exigencia por derechos fundamentales que han sido violados (Artese, 2009). No obstante, la intervención directa de la fuerza represiva constituye sólo un momento -no el único, pero sí el más visible- en el desarrollo de una relación de poder entre dos partes cuya desigualdad legitima la violencia física (Izaguirre, 1998). En consecuencia, el concepto de criminalización no sólo incluye el enfrentamiento físico, sino también los diversos modos de producción de subjetividades en vistas al gobierno de la población en tanto regulación y control de la conflictividad social.