Percepción del consentimiento informado en odontólogos y pacientes de la ciudad de Corrientes

Abstract

El ejercicio de la profesión odontológica exige la observancia no solo de las disposiciones de carácter general de su actividad, sino que debe cumplir un conjunto de normas jurídicas, técnicas y metodológicas de carácter específico. En las últimas décadas se han producido profundos cambios en la relación odontólogo-paciente desarrollándose el Consentimiento Informado (CI) como ejemplo del respeto a la libertad del paciente. El objetivo de este trabajo es determinar el conocimiento, prácticas y actitudes del profesional odontólogo frente al Consentimiento Informado, así como la percepción y comprensión del mismo en pacientes que acuden a la atención odontológica. Estudio descriptivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 50 odontólogos y 50 pacientes que acuden a la atención odontológica, todos ellos de Corrientes Capital. Criterios de inclusión: además de prestar su consentimiento para la participación en el estudio, los odontólogos deben poseer título de egresado en la carrera, ejercer en consultorio particular o público, con más de 2 años en la práctica clínica. Los pacientes deben ser mayores de 18 años de edad y acudir a la atención odontológica privada o pública. Se administró un cuestionario escrito, individual, con preguntas cerradas. Los datos obtenidos se registraron un una planilla Excel. Las variables a estudiar fueron: El CI como parte de la Relación Paciente/Profesional, El CI basado en el Principio Autonomía y El CI basado en el derecho del paciente a la información. Los resultados de las encuestas realizadas a los odontólogos demuestra la realización del CI es de gran utilidad (60%). Asimismo el 86% manifiesta que informa principalmente acerca de los posibles riesgos que involucra el tratamiento, a todo tipo de paciente (76%), y que su realización refuerza la actitud colaboradora de estos últimos (98). Un 52% expresa realizar el CI ante cualquier tipo de tratamiento, en el momento inmediato al procedimiento (60%), considerando un 70% de los encuestados que el tiempo del que disponen en su agenda es el mayor obstáculo para poder brindar una información adecuada y suficiente. Respecto a los objetivos del CI, el 78% lo percibe como un documento que lo respalda y/o protege legalmente ante eventuales demandas o conflictos y que se trata de una obligación de carácter legal (88%). El 56% estima que la decisión sobre los tratamientos a realizar debe hacerse conjuntamente con el paciente y que éste tiene derecho a poder abandonar el procedimiento en cualquier etapa del mismo (42%). La mayoría (40%) recibió guías o información sobre estas cuestiones hace más de 10 años. Garbin y colaboradores (São Paulo, Brasil) evaluaron el conocimiento y las prácticas referentes al CI y su aplicación en la clínica odontológica de profesionales, donde sólo el 30% referenció su aplicación y un 80% confirmó que la decisión sobre el tratamiento es basada en común acuerdo entre paciente y odontólogo. En cuanto a los pacientes, la muestra total expuso que el 58% de los encuestados desconoce acerca del proceso de CI y refiere que nunca le pidieron que firme un documento de este tipo (64%). Un 60% opina que es un documento que protege al profesional de probables juicios. Manifiestan que la información que recibe de su dentista es sólo respecto a aspectos relevantes del tratamiento (56%), según el riesgo que involucre el mismo y que le merece mucha dificultad comprender las explicaciones recibidas (36%). El 60% de los encuestados considera al CI como una obligación del profesional de tipo legal (58%) y que es éste quién decide el tratamiento a realizarse (44%). En cuanto a la revocación del CI, el 36% desconoce respecto a dicha posibilidad. Gasull y colaboradores (Barcelona, España) analizaron la dimensión jurídica y ética del principio de autonomía y el CI en centros sanitarios de Cataluña. Observaron que el 13% de los pacientes manifestó haber sido informado sobre el tratamiento, así como sólo el 9% respondió haber sido advertido ante los posibles riesgos del mismo. A partir de los resultados obtenidos en este estudio consideramos necesaria la sensibilización y reflexión de esta problemática ya que reconocemos la importancia de este procedimiento como un derecho del paciente en recibir toda la información necesaria para que a partir de un cabal entendimiento acerca del diagnóstico y/o tratamiento, pueda tomar la decisión que él crea más conveniente. Basándonos en el Principio de Autonomía y en la legislación vigente, estimamos que la adecuada comprensión del proceso del CI debe ser una premisa para ofrecer servicios de salud con calidad según los principios de la bioética, lo cual constituye un reto ético de primer orden para los profesionales de la salud.