Los Decretos de Necesidad y Urgencia en el gobierno de Alberto Fernández

Abstract

Los DNU son una figura controvertida, históricamente de uso moderado hasta la década de los ochenta del siglo XX, en donde se pasa a un creciente “abuso” con el presidente Menem, quien dictó más de 400. El objetivo del presente trabajo es establecer la necesidad de dichas medidas, y si el carácter de excepcionalidad (o, mejor dicho, de urgencia) es realmente incluido en los fundamentos del Poder Ejecutivo (PE) a la hora de dictaminarlas. El procedimiento de análisis consistió en la lectura detallada de cada uno de los decretos correspondientes al mandato del presidente Alberto Fernández desde diciembre de 2019 hasta diciembre del 2021, analizando el Considerando de los mismos, siento una muestra total superior a los cien (100) Decretos de Necesidad y Urgencia, llegando a analizarse hasta el momento 49 % de ellos. En la muestra analizada se observa que, por citar un ejemplo, el veintiún porciento (21%) de los DNU pertenecientes a lo analizado del 2020 no contaban con alguna justificación del por qué no debía utilizarse el sistema ordinario establecido en nuestra Constitución para la sanción de las leyes. Los resultados obtenidos confirman la hipótesis del trabajo, siendo estos, útiles para poder comenzar a pensar en una nueva forma de control de la figura de los DNU y nuevos límites que eviten que se vuelvan el proceso ordinario cuando se intente saltear al órgano legislativo. Siendo recomendable que se modifique el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes (Ley 26.122) que es la que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso de la Nación respecto de los decretos que dicta el PE, ya que el Instituto de la Comisión Bicameral Permanente reglamentada en ella no está siendo un verdadero control de los mismos, afectando, por tanto, la división de poderes. Para poner en contexto, la ley no ha fijado un plazo para el pronunciamiento del Congreso, además de que el DNU subsiste hasta que ambas cámaras lo rechacen, puesto que, si una sola de ellas lo hiciera, el decreto seguiría vigente, lo que hace que derogar un decreto de este estilo sea más difícil que rechazar un propio proyecto de ley.