La historia reciente en el aula : entre la prescripción curricular y la práctica docente. Estudio de caso : Villa Ocampo Santa Fe. 2006

Abstract

El presente estudio se desarrolló en el marco de la Especialización de Historia Regional, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. El tema abordado se inscribe en el campo de la Historia Reciente como campo disciplinar de la historiografía y analiza el reconocimiento de sus tópicos en las Políticas Educativas diseñadas para el Nivel Medio de Enseñanza; tanto para el ámbito Nacional como para la Provincia de Santa Fe. El interés por el tema se relaciona con los contextos socio-políticos y jurídico-institucionales en que se plantean las pujas por la apropiación y significación del pasado dramático de los últimos años en la historia de nuestro país. Inicialmente, con la vuelta a la democracia durante los dos primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín se iniciaron los procesos judiciales a los responsables de la violación de derechos humanos. Sin embargo, la sanción de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida, junto a los decretos de Indultos presidenciales otorgados posteriormente por el gobierno de Menen, conformaron un marco jurídico que detuvo el avance de las causas y abrieron una puerta a la impunidad. No obstante, los movimientos de derechos humanos mantuvieron sus reclamos a lo largo de toda la década del 90 y plantearon estrategias jurídicas como los Juicios por la Verdad para sostener las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. La asunción presidencial de Néstor el Kirchner permitió retomar el camino de la justicia. El Congreso de la Nación anuló, en septiembre de 2003, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Dos años más tarde, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de aquellas leyes. De este modo, la política de Derechos Humanos se transformó en una política de Estado, este lineamiento político fue continuado hasta la actualidad por la actual presidenta Cristina Fernández. Ambos hechos se tradujeron tanto en la apertura de nuevos procesos judiciales contra los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura como en la reapertura de causas paralizadas.