Los derechos sociales y su vigencia a través del gasto público social en la ciudad de Corrientes en el período 2010-2015

Abstract

La efectiva vigencia de los derechos sociales supone el goce de pisos mínimos de bienestar e igualdad de oportunidades por parte de los individuos que integran los sectores más vulnerables de la sociedad. La concreción fáctica de estos derechos subjetivos fundamentales dista ampliamente de su mera consagración en el conjunto normativo, tanto a nivel nacional como internacional. En consecuencia, la función del Estado radica en el desarrollo de políticas públicas que tiendan a efectivizar los derechos sociales, siendo respetuoso en el diseño de las mismas del principio de cumplimiento progresivo y no regresividad. Dicho principio, incansablemente pregonado por la comunidad internacional, establece que los estándares alcanzados por un determinado Estado fijan parámetros de referencia que no permiten retrocesos deliberados. En este orden de ideas, la alta proporción que detenta el gasto público social como componente del ingreso de los sectores de menores recursos implica que modestos aumentos del mismo, acompañados de una redistribución dentro del gasto social, pueden contribuir significativamente al bienestar de esos grupos. Ello, se encuentra íntimamente relacionado con la concepción jurídica y política adoptada por el Estado de institutos tales como la democracia y los derechos humanos, definiendo el rol del Estado frente a los individuos. En el marco de la beca de pre-grado aprobada por Resolución Nº 1016/2016, se analizó esta problemática en el ámbito municipal, el estudio de la realidad se ubicó geográficamente en la Ciudad de Corrientes y temporalmente en el lapso comprendido entre los años 2010 y 2015, focalizándose en la asignación presupuestaria destinada al gasto público social en los rubros vivienda, infraestructura y asistencia social. Siguiendo un enfoque metodológico descriptivo, se realizó la tarea investigativa a través del estudio documental y bibliográfico, en uso de métodos cualitativos como ser el análisis crítico del discurso. Posteriormente, en lo referente al abordaje de las cuestiones socioeconómicas y políticas institucionales se utilizó el método cuantitativo, procediendo a la recolección de datos oficiales provenientes tanto del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), como de distintas dependencias del gobierno Municipal, sin dejar de lado aportes de organismos internacionales como la CEPAL y el PNUD. En cuanto a las mediciones de la pobreza y desigualdad se utilizaron diferentes metodologías que dan cuenta del fenómeno. Al efecto, se apeló a indicadores como LP (línea de la pobreza), NBI (necesidades básicas insatisfechas), coeficiente del PNUD, índice de Gini, etc. El análisis de los datos obtenidos se realizó mediante el procesamiento de la información, estudiando las variables consideradas a los fines de analizar su impacto en los derechos sociales. Los factores pobreza e indigencia, con sus cuestiones metodológicas criticables, fueron cotejados con las políticas públicas diseñadas por los organismos gubernamentales principalmente del ámbito local. De dicho estudio surge que, si bien se desprende del análisis presupuestario que existieron incrementos en las partidas asignadas a las reparticiones objeto de estudio, los mismos no se establecieron bajo los parámetros de progresividad y no regresión, toda vez que, existiendo aumentos nominales no se logró un incremento real en el grupo social que, alcanzando niveles mínimos de goce de sus derechos sociales, cuenta con un ámbito de autodeterminación que le asegura su libertad y desarrollo democrático en sociedad. Por ello, consideramos que en el lapso 2010-2015, teniendo en cuenta la delimitación geográfica planteada, los derechos sociales objeto de las políticas destinadas a los rubros estudiados, han recibido un trato inadecuado por parte del Estado, tanto para hacerlos efectivos como para generar mecanismos de protección, lo cual limita su alcance, aplicabilidad y justiciabilidad, generando un bajo impacto de políticas públicas contra la pobreza.