La regulación del ejercicio de la abogacía y la legislación federal en materia de prevención de lavado de activos

Abstract

La Ley 25.246, reformada en marzo de 2024 por la Ley 27.739, incluyó a los abogados como sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas en su artículo 20 inciso 17. Asimismo, el artículo 14 también modificado, establece que los sujetos obligados no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF), el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad, en el contexto de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o en el intercambio de información con organismos análogos extranjeros. En el presente trabajo se analiza la constitucionalidad de esta reforma, al observarse un avance por parte del Congreso de la Nación sobre aspectos del ejercicio de la abogacía, que, como profesión liberal, hace a una materia de regulación que corresponde a una competencia legislativa conservada por las provincias.