¿Públicos o privados? los servicios de agua potable y saneamiento en el NEA

Abstract

La crisis del patrón de intervención estatal en América Latina afectó la capacidad para realizar inversiones en infraestructura y universalizar la prestación de servicios, inaugurando una etapa de políticas de privatización y concesión de servicios públicos que modificó sustancialmente el perfil del estado en la región. No obstante, los cambios no alteran el carácter público de los bienes y servicios implicados, por lo que la cesión de propiedad de parte del estado no le quita responsabilidad en el control del proceso constituyéndose, así, las funciones de regulación en las de mayor significación entre los nuevos roles del estado. El concepto de estado regulador, surgido en este contexto, implica que una mejora sustancial en la capacidad de gobernar significaría mejorar la capacidad de regulación; es decir, la capacidad de diseñar políticas públicas, de convertirlas en regulaciones ajustadas a las necesidades de los sectores económicos y sociales, y desarrollar las instancias de inspección, poder de policía para hacer cumplir las regulaciones, y sanción de irregularidades detectadas (Lahera,1996).