Derecho a la ciudad y derecho a la palabra desde las voces del sur-oeste

Abstract

En la década de los '90, la política federal de vivienda argentina promovía la participación y la concertación entre distintos actores, como un modelo de gestión que contribuiría a la reconstrucción del tejido social dañado, en la búsqueda de recuperar y restablecer la relación sociedad-Estado. Modelo fuertemente impulsado por los organismos internacionales de financiamiento, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este marco contextual se implementó uno de los Programas habitacionales que promovió este modelo como eje central operativo en casi todos los países Latinoamericanos. En Argentina fue denominado Programa de Mejoramiento Barrial (ProMeBa) y actualmente es una de las políticas públicas sobre el hábitat que mayor continuidad ha tenido en el país. Se puso en marcha en 1997 en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, a partir de una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Lentini et al (2010) destacan su diseño a partir de una doble orientación: “espacial y social” y señalan cambios sustanciales en la trayectoria de su ejecución. Es que en ese período de más de 20 años no faltaron crisis económicas, políticas, institucionales y recambios de gobierno en las distintas administraciones del Estado. Entre esos cambios, destacan que en 2003 se incluyeron ciudades de más de 5000 habitantes a los territorios de intervención –anteriormente ello estaba restringido a poblaciones mayores a 20.000- También fue incorporado como Programa de Emergencia Social y se definió como población objetivo a las familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza.