Acceso a las tecnologías en salud en contexto de pandemia Covid-19 y su impacto en el sistema judicial
Resumen
El aislamiento social preventivo obligatorio inducido por COVID-19 provocó la paralización de la función jurisdiccional, afectando la
inmediatez de la respuesta judicial para el restablecimiento de derechos, entre estos, el derecho de la salud. A fin de indagar en el
impacto de esta situación excepcional, esta propuesta pasa revista sobre los nuevos desafíos del sistema judicial frente a las
medidas sanitarias dictadas por el Estado Nacional, las provincias y los municipios y el acceso a la justicia. En segundo lugar,
conceptualiza qué se entiende por tecnología en salud y analiza procesos del sistema judicial que presentan más dificultades en la
adaptación a la innovación tecnológica. Seguidamente, se exponen resultados acerca de la experiencia de algunas dependencias
judiciales en la implementación de plataformas virtuales como medida sanitaria y se discuten las ventajas y desventajas de esta
modalidad desde la perspectiva legal nacional y los estándares normativos universales. Para ello, se recogió información utilizando el
modelo de matriz ideada por Juan Samaja. Los datos arrojados por la matriz fueron operados a través de la teoría trialista propuesta
por Goldschmidt en las dimensiones dikelógica, normativa y sociológica. Finalmente, se exponen las conclusiones de trascendencia.
Por un lado, se concluye que la expansión de los intercambios virtuales y el uso cada vez mayor de juicios orales promovieron la
eficiencia y celeridad en la respuesta judicial. La inmediación, la posibilidad de la asistencia virtual del público interesado y la
grabación de audiencias posibilitaron la transparencia de los procesos analizados. Por otro lado, si bien la incorporación tecnológica
resultó indispensable para la actualización del sistema, y también para cuidar la salud del personal judicial, se registraron procesos
que presentan mayores dificultades a la hora de implementar tecnología tales como los procesos contradictorios, penales y aquellos
en los que, al menos, una de las partes pertenece a grupos especialmente vulnerables.